17/10/2003   El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la remite al Senado.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el dictamen sobre el proyecto de ley, con los votos a favor de PP, PSOE, IU y CC, la abstención de CiU y Grupo Mixto y el rechazo del PNV.

La votación se saldó con 256 votos favorables, catorce abstenciones y tres votos negativos. En el mismo debate se rechazaron todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Los portavoces de PSOE e IU, Luis González-Vigil y Antero Ruiz, dieron su respaldo a la ley por ser fruto del diálogo social, si bien señalaron que esta reforma "no es la panacea" para solucionar las elevadas tasas de siniestralidad laboral que registra España, las más altas de toda la Unión Europea. En cuanto al rechazo de las enmiendas presentadas por el PSOE, González-Vigil lo atribuyó a la "falta de voluntad política" del PP para atajar los accidentes, y confió en que cambie de talante durante el trámite de la ley en el Senado. Asimismo, aseguró que el Gobierno se ha visto obligado a pactar esta reforma con los agentes sociales por la huelga general que sufrió con motivo del "decretazo", y denunció que aún no ha puesto en marcha ninguna de las medidas contenidas en el llamado "informe Durán", un estudio sobre siniestralidad que el propio presidente del Ejecutivo, José María Aznar, encargó al entonces presidente del CES, Federico Durán, hace un par de años. Por su parte, el diputado de IU Antero Ruiz incidió en la necesidad de crear unas normas generales para regular y combatir la subcontratación, dada la "alarma social" que esta práctica genera, principalmente en el sector de la construcción. Desde CiU, su portavoz en la Comisión de Política Social y Empleo, Carles Campuzano, justificó la abstención de su grupo en que esta reforma no viene avalada por un acuerdo institucional con las comunidades autónomas, y en que con él no se da respuesta al "grave" problema de siniestralidad laboral que sufre España. Campuzano denunció que esta ley es poco respetuosa con las competencias autonómicas, que no introduce medidas de estímulo a las empresas para desarrollar actuaciones preventivas, que no responde a las necesidades de las pymes y que no cuenta con suficientes dotaciones económicas. Desde el Grupo Mixto, el diputado del BNG Francisco Rodríguez afirmó que el problema de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no reside en su contenido, sino en la falta de voluntad política del Gobierno para que ésta se aplique. El diputado del PNV Iñaki Txueca fundamentó el rechazo de su formación a esta reforma en que afecta a competencias de las comunidades autónomas, mientras que la diputada de Coalición Canaria (CC) Soledad Monzón dio su apoyo al proyecto porque implica "dar un paso más" en la reducción de los siniestros laborales. Desde el PP, su diputado Jesús Pérez-Corgos destacó la importancia de esta reforma y el hecho de que haya nacido del diálogo social, al tiempo que replicó al PSOE que el Gobierno sí ha puesto en marcha algunas de las medidas del "informe Durán" y que este proyecto no es fruto de la huelga general del 20-J. En cuanto a la implantación del sistema bonus-malus, Pérez-Corgos explicó que está en fase de estudio, y respecto a la subcontratación, recordó que los agentes sociales están desarrollando el desarrollo del artículo 24, tal y como estaba recogido en el acuerdo que firmó el Gobierno con los interlocutores sociales.